LA POLITICA Y EL PARAMILITARISMO

Concebimos la política como “el arte de gobernar”. De los modelos existentes de los gobiernos, la democracia” es el menos malo”, puesto que permite a los ciudadanos; mediante el voto popular, expresar su preferencia por una plataforma de gobierno representado en un candidato.
La Política de Colombia es controlada actualmente por el Consejo Nacional Electoral bajo las normas consagradas en la Constitución de Colombia. La Registraduria Nacional del Estado Civil es otro organismo electoral encargado de garantizar la organización y transparencia del proceso electoral

La política Colombiana se ha visto afectada en el siglo XX y XXI por factores relacionados con la violencia, la corrupción y el conflicto armado colombiano, y desde las últimas décadas del siglo XX con el narcotráfico, las guerrillas, el paramilitarismo y a la política exterior de otros países.
En los años 1840 surgen en la Nueva Granada los dos partidos tradicionales: Liberal y Conservador.

La ideología entre ellos fue en el principio bastante contrastante.
Los conservadores favorecían un estado centralista y confesional (católico) y pertenecían a la clase terrateniente latifundista. En contraste los liberales propugnaban por un estado federal y con una fuerte separación entre iglesia y estado, el cual llegó, en ocasiones, a la persecución eclesiástica. Las élites liberales eran comerciantes e incipientes industriales

EL Siglo XIX estuvo marcado por un sin-número de eventos bélicos donde se alternaba la política del discurso con la de las armas, una de las confrontaciones bipartidistas más trascendentales de la historia política de colombiana fue "La Guerra de los Mil Días". La guerra no trajo sino devastación y la pérdida de Colombia de una de sus más importantes territorios: Panamá en 1903.
En 1948, los oligarcas del país mandan a matar al líder popular Jorge Eliecer Gaitán que en esta época es la esperanza de millones de colombianos para alcanzar cambios sociales. Sigue la llamada violencia (1948-53) que cobra la vida de por lo menos 200.000 personas. Otra vez se está masacrando a la población colombiana con el pretexto de una lucha entre liberales y conservadores. Pero otra vez es una guerra de los terratenientes contra el pueblo.

A partir de la última guerra civil en varias partes del país surgen grupos campesinos independientes que se defienden contra el terror de los poderosos. Ellos son la primera célula de la guerrilla colombiana de hoy. Varios grupos de autodefensa campesina, nacidos en los años 40 y 50, no entregan sus armas después del acuerdo bipartidista entre conservadores y liberales que da vida al llamado Frente Nacional. Mientras que los dos partidos grandes van rotando en el gobierno, crece la resistencia de abajo. En el campo se mantiene el poder de los campesinos auto organizado que crean Repúblicas Independientes.

Mientras tanto nace a principios de los 60 un movimiento popular amplio contra el Frente Nacional de la oligarquía. Es el Frente Unido del Pueblo, liderado por el cura revolucionario Camilo Torres. Moviliza decenas de miles de obreros/as, pobladores, estudiantes y campesinos/as que juntan su grito contra la injusticia social y el régimen bipartidista. Ambos movimientos se vuelven a convertir en objetivos del terror: La República Independiente campesina de Marquetalia es aniquilada por el ejército en 1964, Camilo Torres como dirigente del FUP recibe una serie de amenazas de muerte hasta que decide retirarse al campo donde existe un primer grupo del ELN.
Después de la constitución de 1991 se ha legislado para incentivar la participación de nuevos movimientos en el escenario político, pero esos esfuerzos han sido tan escasos que en las dos últimas elecciones han sido elegidos gobernantes mediante el sistema de movimientos alrededor de figuras disidentes de los partidos: Conservador y Liberal.

Desde comienzos de la década de los sesenta la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado han sido formados bajo los parámetros de la doctrina de la Seguridad Nacional y la aplicación de los fundamentos del Conflicto de baja intensidad. Dentro de tal propósito se han implementado mecanismos prestos a la eliminación del "enemigo interno", representado en la existencia del comunismo, la subversión o insurgencia.
Así, en el marco de dicha estrategia a comienzos de la misma década se recomienda por parte de asesores militares norteamericanos la conformación de organizaciones de "tipo antiterrorista" y para la "lucha anticomunista".

Hasta la presente se ha constatado cómo los grupos paramilitares han sido desarrollados en diversas regiones del país con el claro propósito de actuar en la defensa y protección de intereses políticos, de proyectos económicos (explotación de recursos naturales como el petróleo y el carbón), y la defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico.
A partir de esta década hace presencia en el ámbito nacional una fuerza emergente que vendrá a enquistarse en todas las esferas de la sociedad principalmente en la clase política, con funestas y lamentables consecuencias: El narcotráfico.

Su máxima figura fue PABLO ESCOBAR GAVIRIA que con sus múltiples obras de beneficio a la comunidad con dinero proveniente de la droga, le permitió ganarse un gran número de simpatizantes. que vieron en él su única alternativa para salir de la agobiante pobreza. Con su apoyo logró ingresar a la Cámara de Representantes por el nuevo liberalismo
Una vez en el mundo de la política, no tardaron en identificarlo. Pablo Escobar fue expulsado por sus honorables colegas de partido político, en 1983, (donde aún tras su expulsión mantuvo su influencia), y pronto comenzó a exterminar a todos los que lo denunciaron públicamente, (entre ellos el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla Y Luis Carlos Galán candidato a la presidencia de Colombia), siguiendo no sólo su modalidad de acallar testigos, sino que también utilizó otras plataformas de violencia y corrupción que ya estaban montadas, como las escuelas de sicarios.
En este escenario político asume como presidente de la república de Colombia Cesar Gaviria (1990-1994) Entre los problemas que Gaviria tuvo que enfrentar estuvo el recrudecimiento del narcoterrorismo de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, que culminó con la muerte de éste último en enfrentamientos con el ejército y el sometimiento a la justicia de Escobar junto con otros miembros del Cartel de Medellín. En el caso de Escobar, se adecuó la finca La Catedral que Escobar mismo había donado a la caridad, a modo de cárcel, pero ante las crecientes acusaciones de que Escobar continuaba delinquiendo desde esa prisión, se ordenó el traslado del capo narcotraficante quien huyó sin problemas. En esos momentos comenzó una búsqueda en medio de un recrudecimiento de la violencia cuando varios de los antiguos aliados de Escobar fundaron la organización Los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), una organización ilegal que colaboró con el Bloque de Búsqueda, una unión de varios organismos de las fuerzas del orden de Colombia. Finalmente en 1993 Escobar fue localizado por medio de la inteligencia electrónica y abatido durante el operativo de su captura.

En el gobierno de Samper (1994-1998) se inició una investigación y un proceso judicial conocido como proceso 8.000, al ser acusado de haber utilizado dinero procedente del narcotráfico para financiar su campaña electoral. Las denuncias contra el presidente Samper, iniciaron antes de su elección con base a unas grabaciones obtenidas por su rival político Pastrana. Adicionalmente, el ex gerente de la campaña (posteriormente ministro de Defensa) y el extesorero de la campaña, Fernando Botero Zea y Santiago Medina respectivamente, fueron encarcelados y posteriormente juzgados por haber sido los autores de los delitos de lavados de activos y hurto agravado. Sin embargo, aunque se ha documentado totalmente que dineros ilícitos de diversos carteles de la droga entraron a la campaña, Samper, como cabeza de la misma, siempre negó su responsabilidad y nunca se encontró una "prueba reina" que diera la razón a quienes lo consideraron culpable.
Luego de cuatro años de una oposición agresiva al entonces presidente Samper, Pastrana fue elegido presidente de Colombia (1998-2002), Durante su campaña a la presidencia Pastrana adelantó conversaciones con la guerrilla de las FARC y prometió un diálogo de paz si resultaba elegido, Pastrana se tomó una foto con el guerrillero Manuel Marulanda en la que este portaba un reloj símbolo de la campaña de Pastrana, dicha foto fue considerada por muchos como definitiva para que Pastrana ganara la presidencia

Para llevar a cabo su plan de campaña, Pastrana estableció un área desmilitarizada de 42 mil kilómetros cuadrados en noviembre de 1998, compuesta por las cabeceras de cinco municipios del sur de Colombia. Después de una controvertida extensión de su vigencia y de varios acontecimientos como secuestros, asesinatos y reportes de actividades ilícitas en la zona de despeje, Pastrana el 20 de febrero de 2002 informó al país que el proceso había fracasado y que la zona de distensión quedaba efectivamente cancelada argumentando que Manuel Marulanda lo había asaltado en su buena fe; dentro de este parámetro, da a los guerrilleros hasta las doce de la noche para que despejen la zona.

ALVARO URIBE VELEZ fue elegido Presidente de la República para el período constitucional 2002-2006. Fue un fenómeno para combatir la guerrilla en nuestro país a cabo de un programa de gobierno denominado política de seguridad democrática. Durante el año 2004, el Gobierno Nacional, impulsó una reforma constitucional para permitir la reelección inmediata del Presidente, la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional colombiana el 19 de octubre de 2005
Las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia, previstas para marzo y mayo de 2006, respectivamente, enfrentan una nueva dificultad: la creciente influencia de líderes paramilitares en la votación. Candidatos de diversas procedencias geográficas y políticas han denunciado las amenazas e intimidación que sufren por parte de elementos paramilitares en distintas regiones del país.

Lo anterior quedo certificado en el llamado “PACTO DE RALITO”

El Pacto de refundación de la Patria suscrito en Santa Fe de Ralito, Córdoba, el 23 de julio de 2001, no fue el primero entre sectores paramilitares y políticos en el país.

Lo que poco se sabe es que uno de los precursores del Pacto de Ralito fue suscrito el 28 de septiembre del año 2000 en Chibolo, Magdalena, y en él se conformó un verdadero ‘distrito electoral’ para repartirse los cargos políticos, los fortines burocráticos y los contratos de toda la región.

Casi los mismos promotores realizarían, el septiembre de 2001, el Pacto de Pivijay, que se tradujo en un 'Convenio político para el debate electoral del día 10 de marzo del año 2002, en la elección de Cámara de Representantes y Senado de la República'. Teniendo como casualidad que todos aquellos firmantes de aquel pacto fueron parte de la coalición de gobierno del entonces presidente Alvaro Uribe Vélez , quedando demostrando la vinculación del grupo mafiosos y paramilitares con el estado actual


CASO EUDALDO DIAZ

Amenazas y asesinatos de testigos, retractaciones, la captura y juzgamiento del ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, que aún continúa, y la herida abierta que dejó en sus familiares y los habitantes del municipio de El Roble, que él ayudó a fundar y del que fue su primer alcalde, es el lúgubre balance luego de seis años del asesinato de Eudaldo Tito Díaz Salgado, a manos de paramilitares. Poco antes de su trágico deceso él mismo advirtió, en un consejo comunitario de gobierno frente al presidente Álvaro Uribe, que sabía que lo iban a matar e insinuó que detrás del plan estaba el gobernador Arana, a quien había denunciado por corrupción.
Díaz se posesionó como alcalde de El Roble el 1° de enero de 2002, tras haber vencido en las elecciones a nombre del Polo Democrático. Para llegar a ese cargo durante 10 años había luchado para que esa localidad pasara de ser un corregimiento a convertirse en un municipio del departamento de Sucre. Mientras forjaba su carrera como dirigente político, Eudaldo Díaz se ganaba la vida como dueño y administrador de una farmacia en el municipio de Magangué.
No obstante su sueño no tardó en empezar a desvanecerse. Sin haber completado un año al frente del cargo fue suspendido por la Procuraduría regional que lo investigaba por 14 denuncias en su contra por presunto manejo irregular del presupuesto, de las que fue absuelto dos años después de haber sido asesinado. Encontrándose suspendido asistió el consejo comunitario de gobierno el 1° de febrero de 2003, en el municipio de Corozal, y dijo frente al Jefe del Estado: “Ya hubo la suspensión, ahora llega la destitución y después viene mi muerte. Ahora viene el otro paso y es que a mí me van a matar”, anunció.
Y sus palabras fueron proféticas. Fue secuestrado el 5 de abril de ese año cuando supuestamente había sido citado a una reunión con Arana y otros políticos, en la que “se iban a arreglar las cosas por las buenas”. Cinco días después y tras haber sido torturado apareció sin vida en inmediaciones del municipio de Sincelejo. El día que fue efectuado el levantamiento del cadáver dentro de uno de sus zapatos le fue encontrada una carta a Díaz, que había tratado de enviar sin éxito al entonces jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, quien, según la investigación, habría ordenado el crimen luego de haber llegado a un acuerdo económico con Salvador Arana. La había escrito dos días antes y en ella pedía por su vida.
Durante el juicio en su contra, el ex gobernador Arana ha manifestado que es inocente de las acusaciones de haber ordenado el crimen, pese a haber estado prófugo por más de dos años tras haber sido representante diplomático de Colombia en Chile. Entre tanto, las autoridades investigan los atentados y asesinatos de los que fueron víctimas testigos o familiares de involucrados en el homicidio, que ya superan la decena, algunos de los que se han retractado. Mientras tanto los allegados del alcalde piden justicia al tiempo que temen que el crimen quede impune.

Los paramilitares utilizan varias vías para ejercer su influencia en la campaña, bien conformando las listas de candidatos con sus miembros o políticos dispuestos a apoyar sus intereses; bien utilizando su probada capacidad de coacción para acallar o eliminar a aquellos que se oponen a sus fines.

La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) es una ley colombiana, impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y aprobada por el Congreso de Colombia, como marco jurídico para el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, aunque eventualmente podría ser utilizada en procesos de desmovilización de grupos guerrilleros.

Esta ley ha generado mucha controversia por ser demasiado generosa al ofrecer penas de 5 a 8 años por delitos graves, aplicables a aquellos delitos que los mismos desmovilizados confiesen o que el estado pueda probar posteriormente. También se ha criticado el que en un principio fuese relativamente limitado el período de tiempo para las investigaciones o procesos de delación que ayuden a generar el material probatorio. Las Naciones Unidas, mediante su vocero Michael Frühling, han criticado el que la realización de una confesión total no fuera un requisito del proceso, sino que en principio se exija más bien una especie de versión libre sobre las actividades criminales de los desmovilizados, argumentando que eso constituiría un obstáculo para el pleno desmantelamiento del paramilitarismo y la reparación a las víctimas.

LA PARAPOLITICA:
Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos que ha sido reconocido por su historia política, caracterizada por corrupción y violencia, que día a día alimentan su imagen ya en detrimento frente a la comunidad internacional :A partir de la década de los noventa se ha visto involucrado en escándalos con el gobierno de Ernesto Samper Pizarro se empezó a vivir una impactante oleada de corrupción asociada con los nexos de políticos con los carteles de narcotráfico, específicamente los del valle. Esto terminó en uno de los procesos más vergonzantes para Colombia, llamado el proceso 8.000, en el cual el se abrió contra el presidente.

En la actualidad las cosas no han cambiado mucho respecto a la situación política del país, es más si se dijera que están peores que nunca no habría mucho que discutir. Desde el 2006 y debido a la ley de justicia y paz, se ha abierto un nuevo proceso judicial contra la corrupción de políticos denominada coloquialmente “parapolitica”, pues se refiere a las alianzas ilegales de estos funcionarios públicos con los miembros de los grupos armados paramilitares (AUC). Como consecuencia de esto hay más de 60 políticos siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y más de 30 en la cárcel.

Los partidos políticos conscientes de su desprestigio han querido tomar medidas al interior de los mismos. Mientras tanto seguirá su curso la discusión de una reforma política, seguramente sin muchos alcances. Y al mismo tiempo avanzará el proyecto para reformar la justicia, al cual el nuevo Ministro del Interior le ha dedicado más atención y más énfasis. Si esta reforma, como parece, es la prioridad del Gobierno, el debate quedaría señalado por la idea subyacente de que el escándalo de la parapolítica no fue producto de la crisis ética en el sistema de representación sino de la “politización” o de las interferencias indebidas de la Justicia en contra del Presidente y sus aliados en el Legislativo.